PROTECCIÓN DE LA MENOR

                         PROTECCIÓN DE LA MENOR 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 19 de diciembre de 2011 la Resolución 66/170, en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan en todo el mundo.
Se aplicará "todo el peso de la ley" contra asesinos y violadores a fin de investigar y castigar sus crímenes y pidiendo que "nadie cierre los ojos ante el sufrimiento de niñas sometidas a terribles formas de violencia", como los delitos sexuales o de género, a menudo utilizados como arma de guerra.

Por eso este año, el tema elegido es 'Empoderar a las adolescentes: poner fin al ciclo de la violencia', que tiene como finalidad ir más allá de la estabilización para llegar a la inversión en las niñas durante su adolescencia y así dotarlas de aptitudes, darles confianza y ofrecerles opciones de vida, pues son ellas quienes darán forma al futuro.

La combinación de pobreza y discriminación tiene un mayor impacto sobre las niñas que sobre los niños, especialmente en su educación. Las causas de la pobreza de las niñas están directamente relacionadas con la vulneración de sus derechos más básicos. El matrimonio forzado, la prostitución infantil... son algunas de las formas de violencia que provocan en ellas.

El matrimonio infantil forzado afecta cada año en todo el mundo a 14 millones de niñas de entre cinco y 18 años, lo que significa que 39.000 niñas son obligadas al día a casarse con hombres que a veces les triplican la edad. Además, esta práctica no sólo priva a la niña de su infancia y de su educación, sino que es la fuente de numerosas violaciones de sus derechos y de problemas en su salud.

Las niñas que están casadas experimentan el doble de violencia -las más pequeñas el triple- que las que contraen matrimonio a una edad mayor. Ésta es una de las conclusiones del documento que expuso la directora general de Plan en España, Concha López, este viernes en el Congreso de los Diputados.

Se ha demostrado que con la inversión en la educación de las niñas se les brinda protección frente a los daños potenciales del matrimonio temprano y la violencia de género o sexual.

Marta Arias, Directora de Sensibilización de Unicef en España, explica que "la lucha contra estas formas de violencia tiene que llevarse a cabo de forma integral". "El dictado de leyes no es suficiente si no se tiene en cuenta la pobreza de las familias", señala, y alerta de que, de hecho, "la imposición de penas contra estas prácticas puede aumentar el miedo entre las familias sin recursos y ocasionar que éstas queden más ocultas". Por tanto, la solución para erradicarlas pasa por "apoyar a las familias, mejorando su situación económica, para que puedan mantener a sus hijas escolarizadas y en casa durante más tiempo", de manera que se evite, por ejemplo, que los padres casen a sus hijas muy pequeñas en algunos países.

Además, "en muchos países son las madres las que promueven las mutilaciones de sus hijas porque creen que así las protegen". Arias elige este ejemplo para resaltar la necesidad de que la educación llegue a las madres, a los padres y a los hermanos, ya que la solución pasa porque "tomen conciencia" y puedan, a partir de ahí, "emprender la búsqueda de ayudas", puntualiza.

En esta línea, Arias subraya la trascendencia que supone que "los niños conozcan sus derechos y sepan que tienen derecho a estar protegidos" y explica que el primer paso que tiene que dar un menor ante un situación de violencia es "buscar un adulto de confianza al que puedan recurrir para ponerle fin".

El grado de vulnerabilidad de las niñas en comparación con el de los niños es especialmente alto en regiones como Latinoamérica. Además, las niñas de esta zona geográfica, que es un importante foco de emigración, son particularmente débiles ante el peligro de caer en redes de trata de blancas y ser víctimas de violencia sexual en el proceso de abandono de sus países de origen, como resalta la ONG

Marta Arias afirma que "en España, al igual que en otros muchos países, los abusos a la infancia son una realidad, pero permanecen ocultos, y sigue existiendo un nivel muy alto de tolerancia hacia la violencia contra las niñas, incluso entre los propios adolescentes, que constituyen un colectivo en el que se llegan a justificar, por ejemplo, actitudes posesivas por parte de un varón hacia la chica con la que está saliendo", explica.

Por ello, fortalecer el sistema judicial contra los abusos a la infancia es de vital importancia. Actualmente se está revisando la Ley de Protección del Menor. Según cuenta Arias, "se están debatiendo temas como la necesidad de escuchar a los niños en los procesos judiciales haciéndolo de manera no traumática para ellos, de manera que esto no les suponga un daño mayor".

Todos los grupos parlamentarios del Congreso han ratificado una declaración institucional en la que reiteran su "llamamiento a la comunidad internacional para incluir como una prioridad en la agenda la erradicación de las causas que provocan que las niñas sean más vulnerables" y solicitan que "se garantice el acceso, después de la educación primaria, al menos a tres años más de educación gratuita y de calidad que favorezca su empleabilidad futura".